A un comentarista demediado

El día 5 de noviembre, a las 22.25 horas, recibimos un comentario al artículo Negociado de Personal: en territorio comanche encabezado por el siguiente párrafo:

“Parece que aun no entendéis que el SIME es el sindicato que ha ganado las elecciones”

Es ésta una frase con la que se colige de su autor la idea de que un determinado resultado electoral puede dispensar a un sindicato de su obligatoriedad de velar por el cumplimiento de la Ley.

Debiéramos aclararle al lector que nos ha mandado estas líneas que en el artículo anterior nos limitamos a dar a conocer la existencia de un conjunto establecido de normas que fueron aprobadas con el fin de garantizar la objetividad en los tribunales de oposiciones dentro del territorio del Estado Español y (con él) este pueblecito ubicado en el sureste de la península llamado Mazarrón. Nos pareció oportuno sacar a colación una opinión fundamentada y muy extendida acerca de los riesgos de las designaciones políticas de los empleados públicos para concurrir a los tribunales; de ahí a sugerir que hayamos cometido el atrevimiento de cuestionar públicamente la idoneidad connatural del señor Manuel Andrés Acosta Méndez como Presidente que es por designación de un concejal media un abismo; y también el sugerir que su mención se deba a que se trata de uno de los hombres prominentes del SIME, ya que puestos a hacer una criticar ésta iría dirigida al colectivo sindical al que pertenece y que, indudablemente, alguna responsabilidad debe tener en la presente y lamentable marcha de la Concejalía de Miguel Ballesta (¿habrá que recordar que el SIME es hoy mayoritario como ya lo era antes de las elecciones, con lo que no se ha producido ningún cambio sustancial en el Ilustrísimo?)

En lo que a nosotros respecta no sentimos una especial animadversión hacia el señor Manuel Andrés Acosta Méndez, ni siquiera tras cierto encontronazo que tuvimos en una ocasión a propósito de un memorable Documento Público redactado por él como Secretario de Acta.

Nada más que añadir, excepto que la crítica de nuestro lector debiera dirigirse a la Ley del 12 de abril mejor que a las conclusiones lógicas e interpretaciones que se derivan de ella, si es que no está conforme con las normas que rigen la configuración de los tribunales, en cuyo caso es de esperar que no aceptará jamás participar en uno (y menos aun como Presidente)


(…) Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica

Madrid, 22 de marzo de 2007.