En el país del ladrillo

El 12 de diciembre de 2007 el Alcalde de Mazarrón hizo entrega oficial de las llaves de las viviendas a los afortunados por el Plan de vivienda para jóvenes 2005-2008. Con este motivo urbanístico, y tal como prometimos en el artículo anterior, pasamos a transcribir el siguiente recorte de prensa, esta vez publicado en Mazarrón Press en el mes de mayo del pasado año. El recordatorio de la noticia viene muy oportuno, puesto que aparte de las irregularidades denunciadas entonces por Izquierda Unida de Mazarrón el caso viene siendo materia aun de importantes pesquisas legales. De momento valgan las siguientes líneas (a las que hemos añadido unos subrayados y un enlace) como contrapunto a los sones triunfales que el Ilustrísimo se dedica así mismo a través de sus instrumentos propagandísticos.

El Alcalde y el Consejero de Obras Públicas
entregan las llaves de sus viviendas a 18 jóvenes
-enlace de la noticia en la Web del Ilustrísimo-



IU-Los Verdes denuncian presuntas irregularidades en el Plan de Vivienda Joven de “El Juncal”

David Fernández Sánchez, candidato a la alcaldía de Mazarrón por IU-Los Verdes de Mazarrón, quiere hacer un llamamiento al actual alcalde Francisco Blaya para que, como miembro de la comisión de seguimiento del convenio para la construcción de estas 18 viviendas, exija a la administración regional la aclaración inmediata de las presuntas irregularidades que se están cometiendo en la adjudicación y venta de estas viviendas, así como el estricto cumplimiento de los requisitos para la adjudicación de las mismas.

“También queremos destacar” que la propia Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, en un documento oficial al que IU de Mazarrón ha tenido acceso, a través de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo presidida por Manuel Alfonso Guerrero Zamora, en fecha de 26 de octubre del pasado año, abrió diligencias previas “por presuntas irregularidades en la adquisición de vivienda de V.P.O”, en contestación a una denuncia presentada por un ciudadano del municipio.

El pasado 19 de mayo de 2005 se firmó un acuerdo entre el ayuntamiento de Mazarrón con su alcalde a la cabeza, Francisco Blaya, y el Consejero de obras públicas, vivienda y transportes, Joaquín Bascuñana por el cual el ayuntamiento cedería a la Comunidad Autónoma una parcela en la urbanización de “El Juncal” en la zona de Playa Grande, para que esta se ocupara de la promoción de 18 viviendas dirigidas a jóvenes cuyos precios oscilarían entre los 70.700 y los 90.000 euros, según la nota publicada por el propio ayuntamiento de Mazarrón.

Sin embargo lo que parecía una obra promovida por la administración regional, la cual velaría para que esas viviendas se destinaran a jóvenes con pocos recursos económicos del municipio, no es ni más ni menos que la enajenación desvergonzada de un solar público, que se adjudica a una empresa privada para que ésta las pueda vender a quienes consideren más oportunos, dentro de unos límites muy laxos. Y ¿Cuáles son estos límites? Simplemente no tener más de 35 años, no tener otra vivienda en propiedad o estar suscrito a otra promoción de vivienda pública, no tener unos ingresos anuales próximos a los 35.000 euros, y estar empadronado en cualquier municipio de la Región.

¿Por qué decimos que es una enajenación desvergonzada? Según el convenio firmado entre la Consejería y el ayuntamiento, el precio de adjudicación del solar sería el 14% del valor total de la promoción, tomando como base los 70.700 y 90.000 euros mencionados anteriormente, por lo cual la empresa adjudicataria (casualmente, una de las pocas empresas agraciadas con este tipo de adjudicaciones dentro del plan de vivienda joven) compró el solar de la urbanización “El Juncal” (uno de los pocos que quedaban sin edificar en la citada zona de Playa Grande-El Castellar) por valor de 277.135 euros por tres parcelas urbanizadas que suman 1.935 m2, a unos 143 euros por m2, o lo que es lo mismo alrededor de 6 veces menos de su precio real de mercado. No obstante, la empresa adjudicataria de la promoción de la obra subió en un 10% el precio final de las viviendas, aludiendo al cambio de calificación geográfica de la zona. Sin embargo la empresa no tiene derecho a hacer un cambio de precio basándose en unos baremos que la Consejería ofrece como precio referencial máximo de las viviendas de protección pública, ya que esta empresa pagó un precio por el solar que iba ligado al precio inicial de la promoción, por lo tanto en ese caso la empresa adjudicataria debiera también de pagar ese 10% de sobrevaloración al propio ayuntamiento de Mazarrón, algo que no ha ocurrido.

Y no solo decimos que es la enajenación desvergonzada de un solar de propiedad pública, si no que también decimos que no se van a realizar viviendas de protección pública, entendiendo viviendas de protección pública por viviendas que tienen que tener una finalidad social, que vayan a aquellas personas que más lo precisen, como así se especifica en el preámbulo del decreto 103/2002 en el que se regulan las actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo dentro del plan de vivienda 2002-2005. (…)

Al contrario, en ese mismo suelo, que era patrimonio de todos los mazarroneros, se está llevando a cabo un negocio que no tiene ninguna finalidad social. Y ¿por qué lo decimos?:

1º. Porque en una promoción pública, es la administración la que adjudica las viviendas en base a una bolsa de solicitantes de viviendas protegida y luego entre los demandantes se imponen unos baremos para que la adjudicación sea para las personas más necesitadas.

Sin embargo en este denominado plan de vivienda joven, los adjudicatarios no han estado inscritos en ninguna lista de demandantes, la empresa adjudica las viviendas sin más baremos que “el que primero llegue”, y ningún organismo público se preocupa de verificar que los datos de los adjudicatarios se ajusten a los requisitos que exige la ley, hasta la firma del préstamos de protección oficial, por lo que puede suceder que haya alguna persona a la que se le haya adjudicado una vivienda y que tenga, por ejemplo, su mujer otra, por ejemplo, en régimen de separación de bienes, o por ejemplo pudiera ser que algunas personas que estén revendiendo las casas que se han comprometido a comprar inicialmente, antes de la formalización de la escritura.

2º. En una promoción de vivienda protegida, la superficie construida así como las posibles mejoras en la propia vivienda vienen perfectamente delimitadas. Sin embargo en esta promoción de 18 viviendas de “El Juncal”, a cada vivienda le corresponde obligatoriamente dos plazas de garaje, lo que es contrario al artículo 14 del “Real Decreto 1/2002, de 11 de enero sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del plan estatal 2002-2005” en el que se especifica que: “en el precio final de la vivienda solo serán computables como máximo de 8 metros de trastero y 25 de plaza de garaje, independientemente de que hayan más metros construidos”.

3º. En una promoción de vivienda pública las condiciones de pago de la vivienda son acordes con el poder adquisitivo de las personas a las que supuestamente deben ir dirigidas estas viviendas, personas de rentas bajas, sin embargo las condiciones que impone la promotora son “draconianas”:

-Una reserva de 6.000 euros

-Una entrega de 8.829 euros a la firma del contrato

-Pagos mensuales hasta completar 12.600 euros, que se pueden distribuir en 18 pagos a 700 euros el mes.

-Pagos semestrales hasta completar 11.235 euros, que se pueden distribuir en tres pagos a 3.475 euros por pago.

-El resto, 66.853 euros se paga a través de un préstamo hipotecario, a un interés preferencial.

Resumiendo. El adjudicatario habrá pagado en algo menos de dos años alrededor de 38.664 euros, o lo que es lo mismo unos 7 millones y medio de pesetas. Resulta paradójico que en muchas viviendas de renta libre del municipio se pague hasta la mitad de lo que se pide por estas viviendas supuestamente protegidas, antes de la firma de la escritura.

4º. En una promoción de vivienda pública, la empresa adjudicataria no es quién para establecer las condiciones contractuales de la compra de la vivienda, y como está ocurriendo en esta promoción ofrecer vía telefónica una vivienda sin exigir ningún tipo de requisitos, o bien rescindir unilateralmente un contrato.

5º. En una promoción de vivienda pública la información debe ser accesible, y en esta promoción es escandaloso el desconocimiento por parte del ayuntamiento del proceso de adjudicación de las viviendas, como quedó demostrado al solicitar por escrito nuestro concejal acceso a la información facilitada por el Instituto de la Vivienda y Suelo de la Región de Murcia sobre el seguimiento del Plan en nuestro municipio y a toda la información respecto a este Plan que disponga nuestro ayuntamiento y ver con sorpresa que la única documentación disponible en el ayuntamiento era el proyecto de obras de las 18 viviendas y tras preguntar por el resto de la documentación se le informó que no había constancia en el registro de entrada de ninguna otra documentación. Igualmente se le ocurrió al solicitar información David Fernández Sánchez, como simple ciudadano, en la Consejería, sita en la plaza Santoña de Murcia, y a través de preguntas en la propia Asamblea Regional.


Ya que hablamos del Plan de Viviendas de Protección Oficial y del Ayuntamiento mazarronero, aprovechamos para informar a nuestros lectores que la Asamblea General de la ONU ha declarado este año 2008 Año Internacional de la Patata